Maputo - Un nuevo estudio del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS África) y del Instituto de Formación Judiciaria de Mozambique alerta que la insurgencia armada en el norte de Mozambique es "una de las amenazas menos comprendidas y más nebulosas de África".
"Poco se sabe sobre la identidad, objetivos e ideología del grupo" que ya hace cinco años ataca el norte de Mozambique, cuyos militantes "no tienen una estrategia de comunicación clara" y eso "convierte la resolución de la crisis aún más difícil", refiere el estudio.
Las dudas que están por detrás de la violencia llevaron a los autores a buscar entender ante la población "las causas profundas de la crisis" - actuar en la raíz, puede ser una solución, justifican.
Así, dirigieron una encuesta que incluyó a 309 personas y 28 "informantes bien colocados", a los cuales les fue presentado un rango de respuestas predefinido para cada respuesta.
Como se sugiere en otros trabajos, el descubrimiento de valiosos recursos naturales surge como una respuesta más elegida a las causas del conflicto.
"Un total de 45% de los entrevistados dijeron que la principal causa de la insurgencia fue el descubrimiento de rubís y gas natural", otros apuntaron la disponibilidad de armas ilícitas (13%), marginalización económica (6%), ganancia de la elite (5%) y mala gobernanza (4%).
Según el ISS, las respuestas respaldan la idea de que el grupo militante Ahlu-Sunnah wal Jama'a (ASWJ), apoyado por el Estado Islámico en Mozambique, "fueron facilitados por la llamada maldición de los recursos naturales: se elevaron las expectativas de la población, pero las desigualdades han aumentado".
"Algunos se quejan de que han perdido tierras y medios de subsistencia debido a la infraestructura de gas construida en tierra", y dudan de que los proyectos "reduzcan la pobreza y mejoren los servicios públicos".
Así, “lo que inicialmente era un pequeño grupo radical creció hasta convertirse en una gran amenaza que rehuía a las grandes multinacionales como TotalEnergies”, describe el resumen.
En la encuesta, solo el 8% dijo creer que los insurgentes financian sus actividades con el crimen organizado.
"Una proporción mucho mayor (38%) mencionó fuentes extranjeras y un 13% dijo que el grupo utiliza sus propios recursos", resultado de los saqueos.
El origen étnico fue visto por solo el 2% de los encuestados como un factor impulsor de la insurgencia.
El papel de una ideología extremista y el reclutamiento y radicalización de la ASWJ "no debe pasarse por alto", advierte el estudio.
Alrededor del 60% de los encuestados "dijeron que la religión juega un papel en la violencia, aunque muchos creen que la religión musulmana está siendo instrumentalizada".
"El estudio encontró que la radicalización ocurre predominantemente en las mezquitas y, en menor medida, en los mercados", contrariamente a la tendencia mundial de radicalización "que se realiza cada vez más en línea y a través de otras redes ilícitas".
El estudio concluye que "existe la necesidad de diálogo y reconciliación entre musulmanes y cristianos en Cabo Delgado", pero "también entre musulmanes", y las acciones gubernamentales necesarias "incluyen la asociación con organizaciones locales para abordar agravios legítimos".
ISS África también sugiere la creación de "una comisión de investigación sobre los impulsores del extremismo violento y el desarrollo de una estrategia nacional para hacer frente a todos los aspectos de la crisis".
La provincia de Cabo Delgado es rica en gas natural, pero aterrorizada desde 2017 por la violencia armada, con algunos ataques reivindicados por el grupo extremista Estado Islámico.
La insurgencia derivó hace un año en una respuesta militar de fuerzas de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), liberando distritos próximos a los proyectos de gas, pero provocando una nueva ola de ataques en otras zonas, más cercanas a Pemba, capital provincial, y en la provincia de Nampula.
Hay unos 800 mil desplazados internos a causa del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y unos 4.000 muertos, según el proyecto de registro de conflictos de la ACLED.
El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, dijo esta semana que al menos seis personas habían muerto desde el 31 de agosto en una nueva ola de incursiones contra aldeas a lo largo del río Lúrio, la frontera natural entre las provincias de Cabo Delgado y Nampula.
Entre las víctimas se encuentra una monja italiana de la misión Chipende, en Nampula.
