Jerusalén - El nuevo Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, aprobó hoy una serie de sanciones contra la dirección de la Autoridad Palestina en represalia por la presión que ejerce sobre la ONU contra la ocupación israelí.
Según un comunicado de la oficina del ejecutivo, la medida es una represalia contra los palestinos que presionan al máximo órgano judicial de la ONU para que se pronuncie sobre la ocupación israelí de los distintos territorios palestinos.
Las medidas destacan el enfoque de "línea dura" del gobierno ultranacionalista de Israel contra los palestinos, prometido en un momento en que la violencia en los territorios ocupados está aumentando.
El nuevo paquete de medidas llega una semana después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución en la que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que intervenga y emita una opinión sobre las políticas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
La Oficina de Seguridad del Gobierno de Israel, que está integrada por un reducido grupo de ministros con "carteras clave" que reportan directamente al Primer Ministro, consideró que la petición de la Autoridad Palestina a la ONU constituye una "decisión encaminada a librar una guerra política y jurídica contra el Estado de Israel".
“El gobierno actual no se quedará de brazos cruzados frente a esta guerra y responderá según sea necesario”, dijo el ejecutivo israelí en el comunicado.
Entre las medidas aprobadas por la oficina de seguridad del Gobierno, repleta de ultraderechistas y religiosamente conservadores aliados de Netanyahu, se encuentra una que permite a Israel retener 39 millones de dólares (36,8 millones de euros) destinados a la Autoridad Palestina, transfiriendo esa cantidad a un programa de compensación a las familias de las víctimas israelíes de los ataques de los militantes palestinos.
Otra medida es la decisión de Israel de reducir aún más los fondos que normalmente transfiere a la Autoridad Palestina, una cantidad igual a lo que el Ejecutivo palestino pagó en 2022 a las familias de los prisioneros palestinos y muertos en el conflicto, incluidos los militantes implicados en ataques contra israelíes.
