Naciones Unidas - Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron el martes al Gobierno español que, en el plazo de 60 días, informe sobre el supuesto espionaje realizado con el sistema Pegasus contra líderes pro-independencia de Cataluña.
Según un comunicado de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), la petición fue hecha por tres relatores de la ONU sobre cuestiones de minorías, promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas.
Esta información surge como respuesta a los datos enviados por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en nombre de los republicanos supuestamente espiados.
En la carta difundida hoy que acompaña la nota de ERC, fechada el 24 de octubre de 2022, los tres relatores dicen al Gobierno que recibieron una comunicación que denuncia el supuesto espionaje a través de “spyware” Pegasus y Candiru en un "gran número de personalidades catalanes y activistas durante el período de 2017-2020".
"Las víctimas de los complejos y sofisticados programas de espionaje incluyen a líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, diputados, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil", especifican los relatores, y recuerdan que el “software” es vendido sólo a gobiernos, según la empresa que lo desarrolla (NSO Group, con sede en Israel), e infectó los dispositivos electrónicos de al menos 65 personas.
Tras exponer la situación, los ponentes expresan su "muy seria preocupación" con lo que "es relatado como un amplio y bien coordinado programa de espionaje a activistas e destacadas personalidades públicas de la minoría catalana”.
En su opinión, este presunto espionaje "parece ser una interferencia en su derecho de tener y expresar libremente sus opiniones, intercambiar y transmitir informaciones e ideas, reunirse pacíficamente y participar en asociaciones, tener una vida privada y privacidad en la correspondencia, y ser iguales frente a la ley y con derecho al igual protección de la ley, sin discriminación".
Los relatores especiales recuerdan que su petición surge para "intentar aclarar las denuncias" que la ERC les presentó, advirtiendo que, pasados los 60 días, harán pública la información como respuesta del Gobierno español y ambas estarán disponibles en un informe que se presentará ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
