Luanda - El juez consejero del Tribunal Supremo, João Fuantoni, anunció este lunes, en Luanda, la postergación "sine die" del juicio de la procuradora Natasha Sulaia, inicialmente previsto en la Sala Penal de esta institución.
Según el juez, la postergación se debe a la imposibilidad de conformar el tribunal colectivo, ante la ausencia justificada de uno de sus suplentes.
Datos judiciales indican que la causa en cuestión se encuentra registrada bajo el número 16/20, en la que participa el Ministerio Público, con la imputada Natasha Sulaia, acusada por el delito de abuso de poder.
El juez consejero João Fuantoni es el ponente, mientras que los jueces Noberto Sodré e Inácio Paixão son jueces suplentes.
En declaraciones a la prensa, el abogado defensor, Claudino Pereira, se mostró reservado respecto a la acusación de su elector, habiendo dicho que era necesario esperar a que el juicio se pronuncie de fondo.
“En cuanto a la acusación, no voy a comentar nada, vamos a esperar la audiencia”, dijo.
Sin embargo, la prensa supo del gestor de la empresa AGPV (administrador de un condominio presuntamente vinculado al caso), Ildefonso Massango, que esa institución resultó lesionada en un litigio, producto de una relación de sociedad comercial, en la que la entonces fiscal Natasha Sulaia tuvo una intervención considerada incorrecta.
Refirió que el condominio es una inversión de empresas estadounidenses, a pesar de estar bajo la administración de AGPV.
“Yo estaba con uno de los socios, que es el señor Christopher (Sugrue), y fuimos al condominio a buscar unos documentos para que los guardaran porque en ese momento había un litigio entre ellos”, dijo sin especificar, sin embargo, la otra parte involucrada.
Según Ildefonso Massango, la fiscal Natasha Sulaia, quien en ese momento dijo ser la hija del general António Andrade, acudió al condominio con policías y reemplazó al equipo de seguridad de turno, alegando que su padre era dueño de la propiedad, además de intentar solicitar la prohibición de salida del país y una orden de captura internacional a uno de los socios de dicha inversión.
“Yo vi la acusación y creo que fue por el hecho de que pretendía pedirle al señor Christopher que saliera del país y una orden de captura internacional”, explicó a los periodistas, considerando que la relación de sociedad comercial se pudo haber resuelto de otra manera.
Desde abril a la fecha se han juzgado en la Sala Penal del Tribunal Supremo 167 causas y están pendientes 1.658, de las 1.825 existentes desde la toma de posesión de los nuevos magistrados consejeros, a finales de marzo.
El juicio aplazado marcaría el regreso de los juicios en Primera Instancia en la Sala Penal del Tribunal Supremo, desde el caso del ex ministro y diputado Manuel Rabelais.
