Luanda - Angola debe identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo a los que está expuesta, con el fin de adoptar medidas para mitigar los riesgos mencionados derivados de esas actividades ilícitas, afirmó, este lunes, en Luanda, el juez presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), Daniel Modesto.
Para el juez, la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar las acciones de evaluación de riesgos y movilizar recursos, con el fin de asegurar la mitigación de los riesgos resultantes, sería un buen comienzo, destacando que los jueces deben mirar estos delitos penales con mayor agudeza, ya que desestabilizan el sistema financiero del país y crean fragilidad en la seguridad nacional.
Según el magistrado que habló en la inauguración del "Taller sobre Lavado de Activos y Delitos Conexos para Magistrados Judiciales", el país también debe promover prácticas encaminadas a prevenir y mitigar actos conducentes al lavado de activos y combatir el financiamiento del terrorismo, contenidas en el recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El GAFI es un organismo intergubernamental que promueve estándares internacionales y la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas necesarias para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
En representación del presidente del TS, también dijo que los políticos, las unidades de información financiera, las autoridades policiales y supervisoras y otras entidades afines, a nivel de definición de políticas operativas, cuentan con mecanismos efectivos de cooperación para el desarrollo y aplicación de mecanismos destinados a combatir eficazmente estos males.
El juez consideró conveniente que las autoridades cuenten con medios y mecanismos eficaces y eficientes, a fin de adoptar medidas que conduzcan al congelamiento o embargo y declaración de la pérdida de activos, producto del lavado de activos, a favor del Estado.
Añadió que para lograr este objetivo es necesario que se adopten medidas para identificar, localizar y evaluar los bienes sujetos a pérdida, para dicho embargo o congelamiento, a fin de evitar cualquier transacción, transferencia o disipación de dichos bienes.
Recordó que Angola ratificó las Convenciones de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, contra el crimen organizado transnacional y sobre la represión de la financiación del terrorismo, que recomiendan la definición de un sistema optimizado para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y financiación. el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Destacó que el país realizó, por un lado, la optimización material y sistemática de la Ley nº 34/11, de 12 de diciembre, y la Ley nº 5/20, de 27 de enero, y estableció un nuevo régimen jurídico en la materia, así conformar la regulación a la luz de la evolución de las necesidades de prevención y represión, combinadas con las mejores prácticas internacionales.
Lavado de dinero
Definió que el lavado de activos es el proceso mediante el cual los perpetradores de actividades delictivas ocultan el origen de bienes e ingresos, es decir, ventajas obtenidas de manera ilícita, transformando la liquidez resultante de estas actividades en capital legalmente reutilizable, mediante el ocultamiento del origen o propietario real de los mismos. los fondos.
Se trata, continuó, de un mecanismo complejo y dinámico, activado con el objetivo de integrar capital ilícito en bienes o servicios que puedan ser vistos como legales, y el itinerario de todo el proceso comprende tres fases, a saber, la colocación (entrada de capital ilícito en el sistema financiero), el ocultamiento (evasión del origen de los capitales ilícitos mediante pruebas documentales falsas) y, finalmente, la integración (introducción de bienes en la economía legal, dándoles una apariencia aparentemente legítima para disfrazar las ventajas ilícitas).
El evento es una iniciativa de las autoridades angoleñas, financiada por la Unión Europea y ejecutada en colaboración con el Tribunal Supremo y la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
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