Ondjiva - El Comité de Derechos Humanos de la provincia de Cunene registró, este año, dos casos de trata de personas, de las que fueron víctimas cuatro menores de entre 13 y 17 años.
La información fue proporcionada a la ANGOP, este jueves, por la coordinadora adjunta del citado comité, Sara Tulikeni, señalando que los casos, identificados en el municipio de Cuanhama, se referían a la trata de menores para trabajar en la República de Namibia.
Sara Tulikeni aclaró que uno de los casos involucraba a un ciudadano namibio, actualmente condenado a nueve años de prisión, por traficar con dos niños de 13 y 15 años, mientras que el otro era un nacional que también intentó traficar con dos adolescentes (de 15 y 17 años) cuyo proceso se encuentra en fase de investigación.
En declaraciones al medio de comunicación, afirmó que estas cifras no reflejan la realidad, dado el elevado número de niños y adolescentes que cruzan la frontera en busca de trabajo en explotaciones agrícolas, que muchas veces son sometidos a malos tratos.
Consideró “preocupante” la situación, porque los niños están más expuestos al trabajo forzoso, lo que constituye un acto de explotación infantil, así como una amenaza al fenómeno de la trata de personas.
Mencionó que los vínculos culturales permiten que las poblaciones de ambos países puedan transitar libremente a través de la frontera común, situación que puede ser aprovechada por delincuentes para cometer trata.
En el contexto de violaciones a los derechos humanos, el responsable dijo que, en el período en cuestión, el organismo registró sólo seis denuncias relacionadas con evasión de paternidad y maternidad, prácticas que atentan contra la dignidad de la persona humana e incumplimiento de indemnizaciones.
“Muchos de los casos no nos llegan y cuando nos damos cuenta ya es un poco tarde, pero los que sí llegan hemos estado trabajando con organismos afines para poder responsabilizar a los perpetradores”, dijo.
La también jefa del departamento de Derechos Humanos, Administración de Justicia y Resolución de Controversias abogó por la necesidad de una mayor participación de las comunidades en la denuncia de los casos, pues es la mejor manera de acabar con la impunidad.
Señaló la falta de información sobre el papel de este organismo en las comunidades, así como la escasa cultura jurídica de los ciudadanos, recordando que el Comité tiene como objetivo garantizar la implementación de la estrategia nacional de derechos humanos y vela por su promoción, defensa y protección.
Para revertir la situación, dijo que el organismo se encuentra abocado a impulsar acciones de esclarecimiento sobre la existencia de este servicio, que actualmente tiene cobertura a nivel de los seis municipios.
FI/LHE/SC/KS
