Luanda – El Tribunal Supremo (TS) angoleño ordenó un nuevo arresto preventivo de bienes de la empresaria Isabel dos Santos y sus socios en el valor de mil millones de dólares, por indícios de práctica de crímenes de malversación, tráfico de influencia y lavado de dinero.
En despacho al que tuvo acceso la Angop, este martes, el TS indica que la decisión resultó de la concesión de una medida cautelar, promovida por el Ministerio Público, en el marco del proceso de recuperación de bienes del Estado angoleño en posesión ilegal de particulares.
Esta es la segunda incautación de bienes de Isabel dos Santos, ordenada por la Justicia angoleña, en los últimos tres años, después de la primera, que tuvo lugar en 2019, involucrando más de US$ 1.136 mil millones, por las mismas razones.
Los bienes a ser embargados, esta vez, incluyen el 100 por ciento de las acciones de la empresa Embalvidro - Indústria, atribuidas a Isabel dos Santos, así como los saldos de todas sus cuentas bancarias y demás aplicaciones financieras asociadas a las mismas, incluidos los archivos de valores de en nombre de la empresaria.
También se ordenó el embargo del 100 por ciento de las participaciones accionarias de las sociedades UNITEL T+ en Cabo Verde y UNITEL STP, en Santo Tomé y Príncipe, UNITEL International Holding BV y UNITEL International BV, todas atribuidas a Isabel dos Santos, como usufructuaria.
También forman parte de la incautación el 70 por ciento de las acciones de la empresa Upstar Comunicações y el 70 por ciento de las acciones de la empresa MSTAR, S.A., operadora de telecomunicaciones en Mozambique, de la cual Isabel dos Santos es beneficiaria efectiva.
Entre los socios de Isabel dos Santos, mencionados en la nueva decisión, están Manuel Domingos Vicente, como expresidente del Consejo de Administración de UNITEL (2001-2012) y Sonangol (1999-2012), así como el general Leopoldino Fragoso do Nascimento .
Además de ser accionista de la empresa GENI, este último también es ex presidente del directorio de la Asamblea General de UNITEL (2013-2020) y vicepresidente de este mismo organismo, a partir de 2020.
El auto del TS revela que toda la inversión para instalar la infraestructura de la primera red de telefonía móvil GSM en Angola fue realizada por Sonangol, por un valor de US$ 48.736 millones, pero que, curiosamente, la licencia fue otorgada a UNITEL y no a la petrolera estatal, como real inversionisa.
Además, prosigue, los accionistas de UNITEL, que son, PT Ventures, SGPS, VIDATEL y GENI, nunca realizaron ningún pago a favor de Sonangol, en concepto de devolución, y recibieron de esta última únicamente facturas referentes a la adquisición de equipos y otros gastos que la pagados y reconocidos como cargos, inversiones y obligaciones.
En otras palabras, explica la nota, la UNITEL se creó con fondos públicos de la Sonangol, pero los dividendos que recaerían en el Estado fueron pagados a Isabel dos Santos, a través de su empresa VIDATEL Limited, lo que le permitió utilizar los fondos para realizar otras Negocio.
El documento agrega que Isabel dos Santos ostentaba el control de UNITEL, lo que le permitía desviar importantes millones de euros de esta empresa a otras entidades controladas por ella en el extranjero.
En una de estas operaciones se suscribieron acuerdos de financiación entre UNITEL S.A. y UNITEL International Holding BV, en Holanda, a través de la cual la primera prestó a la segunda un total de 322.979 millones de euros y 43 millones de dólares, entre mayo de 2012 y agosto de 2013.
En su momento, Isabel dos Santos suscribió los mencionados contratos de financiación en calidad de representante legal simultánea de UNITEL S.A., y UNITEL International Holdings BV.
Dichos préstamos permitieron a UNITEL International Holdings BV adquirir participaciones accionariales o establecer empresas en el sector de las telecomunicaciones en Portugal, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.
Además, se realizó una transferencia de US$ 654 millones, de los que se benefició Isabel dos Santos, como dividendos de VIDATEL LTD, como accionista de UNITEL S.A., señala el acta de la Corte Suprema.
