Lubango - Al menos 49 casos relacionados con delitos de malversación de fondos, corrupción activa y pasiva y lavado de activos se encuentran bajo instrucción preparatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) de la provincia de Huila.
El fiscal provincial de Huila, Gabriel Custódio, reveló este lunes a la ANGOP que 197 gestores públicos están identificados y vinculados al gobierno provincial, a los departamentos de salud, educación, juventud y deporte, cultura y turismo, energía y agua, justicia (conservatorios y notarios), oficinas y administraciones municipales, Policía Nacional, empresas e institutos públicos.
Gabriel Custódio refirió que los juicios forman parte de un total de 72 mil 476, en fase de instrucción preparatoria y que fueron trasladados al año en curso, de los cuales 23 mil 505 con imputados detenidos y liberados y 48 mil 971 con no presos, pero con 56 mil 37 acusados.
Los atacados son imputados por delitos de malversación de fondos, lavado de activos, asociación delictiva, participación económica en negocios, violación de las reglas de ejecución presupuestaria, tráfico de influencias, falsificación de documentos auténticos, recepción indebida de beneficios, fraude fiscal y abuso de confianza.
En 2020, recalcó, la PGR con el Servicio de Investigación Criminal (SIC) y los policías municipales de la Policía Nacional en toda la provincia de Huila legalizaron seis mil 600 acusados, correspondientes a cuatro mil 602 casos.
Asimismo, destacó que ya se han imputado y remitido a los tribunales cuatro casos, en los delitos de malversación, conmoción cerebral, falsificación de documentos auténticos, tráfico de influencias y bienes robados, asociación delictiva y corrupción activa y pasiva que involucra a administradores públicos en las áreas de salud, educación y SIC.
El procurador destacó que era prematuro hablar de los montos robados de erario, ya que los casos se encuentran en la etapa de instrucción preparatoria.
“Aún no ha habido recuperación de activos, pero con base en la gran cantidad de casos registrados, tendremos cierta recuperación”, explicó.
Reveló que la provincia tiene 22 abogados activos y dos jubilados, necesitando al menos 11 más para atender la demanda.
También dijo que se necesitaban 151 trabajadores administrativos, instalaciones propias e instalaciones informáticas y de transporte para los magistrados y otros servicios relacionados.
