Huambo - Integrantes de los órganos que intervienen en la administración de justicia en la provincia de Huambo fueron capacitados, este jueves, en materia de acuerdo de procedimiento e instrucción procesal.
En el evento, realizado en la ciudad de Huambo, a la luz de los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, participaron personal de la Audiencia Provincial, la Procuraduría General de la República (PGR), los órganos ejecutivos del Ministerio del Interior y del Servicio de Información y Seguridad del Estado (SINSE).
El Subprocurador General de la República y coordinador de la Región Judicial Central del país, Carlos Manuel dos Santos, dijo que la capacitación sirvió para elevar el nivel de conocimientos en materia de investigación e instrucción procesal, para enfrentar mejor los nuevos desafíos de combate al crimen organizado y la delincuencia en general.
Expresó su preocupación por el aumento exponencial de la delincuencia organizada y el perfeccionamiento de las técnicas por parte de sus autores, de ahí la razón de capacitar al personal de estos órganos sobre las nuevas metodologías de investigación e instrucción procesal.
Según Carlos Manuel dos Santos, la capacitación de los funcionarios también tuvo como objetivo garantizar una mayor velocidad procesal y una mejor calidad en la adquisición de pruebas, a la luz del nuevo diseño procesal.
Agregó que el encuentro también permitió el intercambio de experiencias entre los participantes, además de abordar otros temas sobre el rol de las instituciones involucradas en la investigación del crimen organizado, el nuevo sistema legal de recursos, la protección de víctimas, testigos y colaboradores imputados.
Dijo que eventos similares se realizarán en las demás provincias de la Región Judicial Central del país, con el fin de uniformar las técnicas de investigación en el campo de la investigación en causas penales.
Con sede temporal en la ciudad de Benguela y compuesta por cuatro provincias (Bie, Benguela, Cuanza Sur y Huambo), la Región Judicial Central está integrada por 121 fiscales y 171 técnicos de justicia y funcionarios administrativos.